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Opinión

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN LA ESFERA DIGITAL Y MEDIÁTICA

Por Juan Carlos Hernández Ascencio

Ahora que el 1 de marzo inicia las campañas oficialmente para presidente de la república, para senadores, diputados federales y gubernaturas, y el mes de abril las de municipales, y diputados a los congresos estatales, en todo el país; se pone de moda de una forma u otra la violencia política en contra de las mujeres, ahora que también se puede dar en la esfera digital y mediática. Así fue como la reforma legal del 13 de abril de 2020 para combatir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres debido a género (VPMRG), fue un parteaguas en materia de protección de los derechos político y electorales de las mujeres.

¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG)? Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se ha dicho que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Para efectos prácticos se entenderá por Tecnologías de la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos; también se prevé que la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal.

Mientras que la violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.  Y se ha señalado que la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

A partir de entonces el Instituto Nacional Electoral (INE) ha venido generando una serie de herramientas y diagnósticos para combatir esta modalidad de violencia. Entre la información que se ha generado se encuentra el Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de VPMRG, del cual se desprende que del 14 de abril del 2020 al 13 de noviembre del 2023 se recibieron en el INE 319 quejas, denuncias o vistas en materia de VPMRG; de las cuales en muchas ocasiones la conducta denunciada ha sido por publicaciones a través de medios digitales; además, el propio informe del INE da cuenta que 45 de las 75 medidas cautelares solicitadas se ha requerido el retiro, suspensión y/o eliminación de las publicaciones, fotografías, videos, imágenes y/o comentarios realizados en redes sociales, medios de comunicación y/o plataformas digitales, solicitudes que reflejan que, el mayor número de quejas que se reciben se encuentran vinculadas a ataques en redes sociales.

Es importante señalar que las conductas más sancionadas en medios digitales han sido la publicación en medios de comunicación impresos y digitales, red social, portal de internet; seguida de expresiones en redes sociales y la difusión de imágenes o videos a través de WhatsApp. Ahora bien, se ha advertido que estas agresiones que se reflejan en el ámbito político ha tenido un crecimiento exponencial en cada proceso electoral, siendo que, en el Proceso Electoral Federal (PEF) 2020- 2021 la presentación de las quejas y denuncias tuvo un alza del 314% en relación a las presentadas en el PEF 2017- 2018, posiblemente generado por una mayor participación de las mujeres en la política; la magnitud del PEF 2020-2021, siendo hasta ese momento el más grande de la historia de nuestro país.

Por otra parte, podemos señalar que mucha de esta violencia que sufren las mujeres se ha dado a través de las redes sociales, las cuales si bien son un medio que posibilita un ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, ello no excluye a las personas usuarias de las obligaciones y prohibiciones que existen en la materia electoral.

Y finalmente, en conclusión, como lo ha señalado la propia autoridad jurisdiccional, muchas veces quien publica e incluso quien lee estas publicaciones puede considerarlas “graciosas” e “inofensivas” pero en realidad son publicaciones sexistas. Estas expresiones sexistas y usar un lenguaje que refuerza los estereotipos son una forma de discriminar y violentar a las mujeres, debilitando con ello la democracia de nuestro país. Deseamos que, la siguiente contienda electoral sea de las más honestas, empáticas y respetuosas en todo lugar y momento. ¡Sea pues!

*Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), consultable en la liga CGor202311-22-ip-8.pdf (ine.mx) *Manual sobre violencia política contra las mujeres en la esfera digital y mediática

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Opinión

CONSULTAR A LOS JOVENES, NIÑAS Y NIÑOS Y ATENDERLES

 

Por Juan Carlos Hernández A.

En la encrucijada de decisiones políticas se encuentra paradójicamente la institución que, por excelencia y profesionalismo en su quehacer, es el primer escalón para brindar estabilidad política a este país. Es así como ahora está la institución inmersa en estos días y hasta el último del presente mes en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 de las y los niñas y niños de Jalisco y con la instalación de 3 mil 160 casillas en la entidad y a quienes se les pregunta sobre tres temas: espacios comunitarios seguros, cuidado medio ambiente y los animales, prevención de adicción entre niñas, niños y adolescentes.

En la actualidad el Instituto Nacional Electoral (INE),han sido parte fundamental en la vida políticoelectoral para la organización de elecciones, limpias, creíbles, transparentes y con total certeza, y en ello va también la consideración de promover la participación cívica de la niñes y juventud en todo el país, de los grupos etarios es de 3 a los 17 años edad, con diferentes edades de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 14 a 17 años, para consultarles y sabe su interés.

Luego habrá un espacio para presentar un informe cuantitativo y más aún cualitativo de resultados que tendrán como fin acercarlos a las autoridades de diversas instituciones que puedan promover en políticas publicas en beneficio de este segmento. Es menester prestar atención a las necesidades que hoy son y están en la agenda publica del país, la pertinente ocasión de preguntar en forma directa y sin intervención de un adulto es loable y plausible.

Las referencias de ejercicios históricos anteriores que fueron igual organizados en todo el país han dado frutos y se han promovido acciones incluso desde el legislativo en beneficio de los mexicanos en esta etapa de vida. Es de relevante importancia por lo tanto que sí se efectúen obras en este sentido de velar por los intereses de nuestras juventudes, niñas y niños. Además de ser considerable la población en el país. La meta es llegar al menos a quinientos mil participaciones de este segmento de Jalisco, en ello va la movilización e instrumentación de acercamiento de casillas en espacios públicos como en escuelas que atienden esa población seleccionada.

Sin duda que la paz social, ésta que tanto se extraña, que ya se ha olvidado tener y que lo deseable es recuperarla por los medios pacíficos con que contamos las y los mexicanos: elecciones libres, creíbles y periódicas con el principio de legalidad y transparencia y en ello va implícito la labor de educar y promover los valores democráticos a esta población tan importante porque son presente y futuro de las generaciones hoy y venideras sin duda, que aportaran información importante.

Apostemos a ello, México necesita de buenos ciudadanos, hagamos en la medida de las atribuciones la labor de acercar la Consulta y esperemos buen recibimiento como apertura de estos grupos etario. Que sea para bien y para todos. ¡Hágale pues!

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Opinión

La Herencia de la Familia González Rodríguez: Un Laberinto de Corrupción y Poder

Amaury Sánchez

La historia de la herencia de la familia González Rodríguez se ha convertido en un verdadero culebrón que pone de manifiesto las sombras que acechan a la justicia en Jalisco.

En un escenario donde un testamento legal designa claramente a Luis Rabinal González Rodríguez comoalbacea, la irrupción de sus sobrinos con laberintos legales logran imponer a Alejandro Escoto Ratcovich, en una sucesión intestamentaria ilegal, plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la influencia de intereses oscuros.

El Juez Octavo de lo Familiar, al parecer, ha decidido apoyar a un individuo que no tiene lazos familiares con los González Rodríguez, mientras que los verdaderos herederos se ven atrapados en un laberinto de maniobras legales que parecen más un juego de ajedrez que un proceso de sucesión.

La situación se complica aún más con la intervención de los hermanos González Uyeda, quienes, con sus peripecias legales, han dejado a los herederos en un estado de indefensión, lo que sugiere un alarmante nivel de fraude procesal y usurpación de funciones. Lo que se presenta como un caso legal se revela, a través de los murmullos de quienes conocen la situación, como un entramado político de altas influencias.
La colusión entre el poder judicial y ciertos grupos empresariales, representados por los sobrinos Abraham y Masayi, es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden prevalecer sobre la justicia. Estos individuos, que se presentan como defensores del «fair play» corporativo en foros como COPARMEX y CONCANACO, parecen haber olvidado los principios de ética y transparencia que predican.

La situación es aún más preocupante cuando consideramos que este caso podría ser uno de los más corruptos en la historia de Jalisco, y quizás de México. La manipulación de la ley y el uso de influencias para despojar a los legítimos herederos de su patrimonio no solo es un ataque a la familia González Rodríguez, sino un golpe a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de lo que está en juego.
Este no es solo un asunto familiar; es un reflejo de cómo el poder y el dinero pueden corromper el sistema judicial y despojar a las personas de sus derechos.

La pregunta que queda en el aire es: ¿qué harán las autoridades para restaurar la justicia en este caso? ¿Se permitirá que la corrupción y la impunidad sigan reinando en Jalisco? Queridos amigos, es momento de alzar la voz y exigir transparencia y justicia.

La herencia de la familia González Rodríguez no debe ser solo un tema de interés local, sino un llamado a la acción para todos aquellos que creen en un Jalisco más justo y equitativo. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta a esta pregunta podría ser el primer paso hacia un cambio necesario.

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Opinión

ES IMPERATIVO EL ESTADO DE DERECHO

 

*Por Juan Carlos Hernández Ascencio.

Haciendo imperar el Estado de Derecho, una vez más los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mostraron sentido ético y práctico en la revisión de la llamada controversia constitucional de reforma judicial, no se esperaba otro resultado para el país. Por lo que, suponemos que en la inteligencia de esa decisión es la salvaguarda de los principios basados en la ley y solo en ello y no otro propósito.

De parte de los integrantes de la Suprema Corte,quienes justo argumentaron que los motivos de su decisión fueron sustentados conforme a derecho; pues pensar en que la constitución política se puede manipular al gusto y capricho de quien sea es un despropósito de no querer la estabilidad política y social de este país, es decir por lo tensa que esté o se pueda poner la situación, no es propicia para generar complicaciones. En la votación hecha de los once ministros que aún conforman el pleno, tres ya muy conocidos votaron en contra: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En sus decisiones de la temática presentada en un primer escenario.

Sin embargo, este fue el primer episodio, porque ya al entrar a el estudio profundo de la situación del tema ya no fue posible la votación en el mismo sentido y usted ya sabe el resultado final.

Hay que entender que las leyes están para cumplirlas, y para hacerse cumplir, si esto es así, solo queda hacer respetar el estado de derecho, ante ello se ha valoradola determinación conforme a los ministros que han mostrado sensibilidad también al llamado de la ciudadanía por conservar la justicia como es y como está hoy dia. Con la estructura como opera, con su carrera profesional y de especialización, que es un baluarte que ha hecho que su personal en todos los niveles puedan contar con la suficiente capacitación para desempeñar el no menos importante trabajo de impartir justicia a cabalidad.

Pese a que no quedará ahí pues hay otros “idealistas salvadores de la patria” que han anunciado la no aceptación de estas decisiones del pleno de los ministros, y harán valer, ahora que, por que sí, su razón política de no aceptar tal decisión, esto se va a poner más polémico de lo que se pensaba. Vaya momentos por los que atraviesa el país. Sus razones e intereses tendrán, empero lo que no debe hacerse es llevarlo a otros niveles de no diálogo y entendimiento.

Es necesario recordar la sana división de poderes yque es de relevante importancia la obligación de respetar la ley, todos; sin embargo, qué será lo que nose entiende, para sí hacerlo es el tener instituciones fincadas en la solvencia ética y profesional, que fundamente y sostengan el respeto al estado de derecho, a quién le hace mal, que México cuente con jueces, ministros, y demás personal entregados a su labor sin distinción y compromiso alguno tergiversado que no sea solo el de cumplir la ley y buscar el  bien común en las decisiones tomadas conforme a esta.

Más bien que sea el tiempo de que venga la paz social ahuyentando los demonios desestabilizadores del país y generando mejor la participación de la ciudadanía en el interesante proceso de trasformación de México, pues la democracia nos necesita una y otra vez. Sea como sea y venga lo que venga no dejemos que el país se desmorone, la paz pública descansa siempre en las instituciones creadas para tal fin, el derecho intrínseco de la ciudadanía se sostiene, en la simbiosis y el buen modo de emplear la integridad y honestidad de ejercerlo sin prebendas, compromisos o arrebatos. Edifiquemos para bien, sin menoscabar lo construido hasta ahora. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia.

 

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