Por Juan Carlos Hernández A.
Ha trascendido el tema de la consulta abierta a la ciudadanía mexicana, para saber si están o no de acuerdo con que se haga un proceso oficial de juzgar a funcionarios públicos de administraciones pasadas. Una consulta hecha a iniciativa del Ejecutivo Federal para saber si la gente tiene simpatía con ese propósito. Algo nunca antes propuesto en tal sentido por nadie.
La verdad sea dicha cuando entendemos que las consultas son buenas para hacer partícipes a los mexicanos de temas de interés común, que les afecta, les involucra para mejoras en procesos, en políticas públicas, o modificaciones que tienen como fin un bien a realizar, medir o cambiar.
Sin embargo, hubo ya un pronunciamiento por el Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, en el sentido negativo no de la consulta, pero sí de su contenido, su formulario, y a decir de esta determinación se declara inconstitucional el fraseo de la pregunta, se habla de una pregunta, vaga, poco clara y abstracta de dicha consulta, por lo que las preguntas deberían estar bien redactadas.
Se dice también que no puede ser materia de consulta popular la aplicación de la Ley, no hace falta que la gente se pronuncie, pues bastaría con que se de vista a la Fiscalía General de la Republica, para que, quien desee hacer la denuncia correspondiente, proceda pues lo faculta el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ante ello, los ciudadanos no están en posibilidad de decir si se aplica una norma o no se aplica; la consulta popular está considerada en nuestra Constitución y que bueno, es loable usarla bien y que la gente se involucre en la toma de decisiones propias de un estado democrático, pues está garantizado en materia de consultas populares planteadas por el artículo 35 constitucional.
Ante este panorama se pronunció el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el sentido de que “se debe actualizar la legislación en materia de Consulta Popular para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas contenidas en estos ejercicios, antes de que el Instituto Nacional Electoral verifique la validez de las firmas, ello contribuiría a que la sociedad mexicana ahorre en la erogación de recursos públicos para poder cumplir con la austeridad”.
El Instituto Nacional Electoral siempre ha promovido, promueve y promoverá la participación ciudadana, la cual es parte de su misión constitucional y premisa básica de la democracia, es menester que estos ejercicios sean mejores, más incluyentes, más eficaces y efectivos.
Es pertinente aclarar que al INE no le toca juzgar si es o no, valida o buena la consulta popular, porque para eso hay otra instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si en la mesa se declara inconstitucional la consulta planteada por el presidente de México, deberá notificar al Senado y se declarará asunto definitivamente concluido porque la ley no establece ningún medio de impugnación.
Quizá haya muchos temas más por consultar, que, luego conociendo sus resultados, puedan mejorar la estabilidad de que carecemos en amplios sectores hoy día en el país; procurar entonces mejores temas que unan al país, que ofrezcan resultados tangibles al necesitado mexicano, y sobre todo que se hagan conforme y apegados a derecho; sumemos al efectivo bienestar social y que las consultas sirvan para eso.
Darle tiempo al tiempo, aunque no mucho, ya se aproxima le sesión del jueves y veremos el voto, en el pleno, de cada uno de lo 11 ministros, donde con seis la consulta se resuelve si va o no va. Otra vez no está el horno para bollos. ¿O sí? ¿Usted qué cree?
*El autor es Maestro en Gestión Social y Políticas Públicas.
