Por Cristina Brambila
Últimamente diferentes organizaciones civiles y políticas han alzado la voz para evidenciar la violencia política en razón de género que viven muchas mujeres que desean participar en la vida política de Nuestro País y de nuestro Estado. Se han generado por lo mismo numerosos foros, pláticas, conferencias, etc… en torno a este tema para concientizar tanto a las víctimas como a quienes ejercen este tipo de violencia.
El pasado 14 de noviembre los Consejeros y Consejeras del IEPC sesionaron para definir los criterios que garanticen la paridad de género en los Próximos Procesos electorales en Jalisco, donde estos grupos de mujeres que han alzado la voz tenían puestas todas sus expectativas para combatir la tan mencionada violencia política en razón de género.
Por lo que hemos podido ver el descontento que vivieron, pues muchas de ellas consideran que estos lineamientos siguen dejando a la libre interpretación de los Partidos Políticos la asignación de candidaturas en nuestro Estado, tanto para la integración de planillas Municipales como para las Diputaciones ya sea por la vía de Mayoría relativa o de Representación proporcional.
Quizás se habían generado expectativas muy elevadas luego de que el INE estableciera que de las 15 Gubernaturas que se disputaran en el 2021 los partidos políticos deberán garantizar la paridad de género, a través de la asignación de 7 candidaturas para Mujeres y 8 para hombres bajo el principio 50-50. Sin embargo en Jalisco el IEPC estableció dividir los Municipios en 6 Bloques, cada bloque conformado por 20 o 22 Municipios los cuales se asignarían conforme al porcentaje de población y competitividad, tomando como referencia los registros que se tengan de las elecciones inmediatas anteriores del 2018, estableciendo que 2 de los primeros 5 lugares sean para el género que menor participación haya tenido, o sea para mujeres.
Esto deja al resto de los Municipios a la libre interpretación de los Partidos Políticos para la asignación de candidaturas tanto para Alcaldías como para Diputaciones. En estos lineamientos no se ven reflejadas las voces que tan fuerte han sonado en los últimos meses evidenciando la violencia política en razón de género.
Por lo que se vislumbra un panorama gris para las Mujeres que pueden llegar a ser víctimas de los Partidos Políticos que utilicen estas medidas más como limitantes que como inclusivas y llegado el momento no encuentren ningún respaldo jurídico para inconformarse.
Sin embargo debemos recordar que el Instituto Electoral no tiene facultades Legislativas y no se deben extralimitar en detrimento de la autonomía de los Partidos Políticos tal como ha sucedido a Nivel Nacional donde el debate y las impugnaciones continúan.
Lo realmente importante es continuar con los trabajos que se han venido realizando para generar conciencia sobre la violencia política en razón de género que se vive tanto hacía las mujeres que se atreven a levantar la mano para contender por un cargo público como en el ejercicio de la función pública, siendo los partidos políticos los responsables de asumir el gran reto de garantizar la participación digna y equitativa de las mujeres, ya que si no lo hacen por convicción deberán hacerlo por interés pues la mirada no solo de mujeres sino de la sociedad en general estará puesta sobre las boletas electorales y se verá reflejada en las urnas.
