Los lamentables acontecimientos desarrollados durante la semana pasada, principalmente los días jueves y viernes, en el marco de las marchas para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, ciudadano que murió a manos de Policías de Ixtlahuacan de los Membrillos hace un mes; pusieron de manifiesto diversos acontecimientos que merecen toda nuestra atención, ya que sitúan a Jalisco en condiciones nunca antes vistas, que ponen en riesgo la seguridad, la paz social, los derechos humanos, la viabilidad financiera de importantes proyectos y la capacidad de interlocución con otros órdenes de gobierno y otros poderes constitucionales, para que Jalisco salga de la situación en que se encuentra.
El Gobierno de Jalisco se ha concentrado en una lucha política con el Gobierno Federal que ha traído y traerá lamentables consecuencias para nuestra entidad, cuyas proporciones no conocemos todavía.
Anteponer los intereses y diferencias políticas personales puede ser muy mala decisión para quién dirige los destinos del gobierno del Estado, pero pueden ser catastróficas para los Jaliscienses.
Después de lo ocurrido la semana pasada en la capital del Estado, nuestra entidad aparece llamando la atención nacional y hasta internacional por la posible violación de derechos humanos que motivaron la intervención del Alto Comisionado de los Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México; la presunta intervención del crimen organizado en el actuar de Policías Ministeriales contra jóvenes manifestantes que no acataron órdenes de sus superiores autoridades en el área de procuración de justicia; familiares exigiendo que servidores públicos de la Fiscalía Estatal sean liberados y no sean culpados por los hechos de represión suscitados en las manifestaciones cercanas a las instalaciones de la Fiscalía; y un enfrentamiento directo entre el Gobierno estatal y el Federal por señalamientos de intento de desestabilización al poder ejecutivo de la entidad.
Por otro lado, Jalisco fue testigo de acontecimientos nunca antes vistos en nuestra entidad, donde una legítima exigencia de justicia por el homicidio del joven Giovanni López, fue aprovechada por profesionales de la violencia para provocar consecuencias políticas y sociales que buscan detener el desarrollo del Estado.
Desde el PRI pensamos que hoy más que nunca, se requiere de altura de miras y serenidad en la toma de decisiones de quien está al frente del Gobierno del Estado y sus funcionarios, es urgente volver a implementar el Estado de Derecho en la entidad y se ponga un alto al grado de descomposición institucional que está sufriendo Jalisco.
Nuestro partido considera que es oportuno un llamado para no caer en la tentación del abuso del poder y el uso arbitrario de la fuerza pública para atentar contra los derechos fundamentales de libertad, de libre manifestación, y de disentir, al que deben estar acostumbrados todos los jaliscienses.
Jalisco tiene sus propios problemas como la inseguridad, el creciente aumento de las crisis de salud, la corrupción, la mega deuda pública, la falta de diálogo político, como para que todavía busquemos con quien pelear en otras esferas y otras arenas políticas apenas en el segundo año de gobierno.
No es conveniente que una tragedia se use políticamente y mucho menos que se siembre la discordia y la división entre Jaliscienses; lo que queremos es una autoridad que dé muestras de que toma decisiones pensando en el bien mayor y en construir un futuro más prometedor para los jaliscienses de hoy y de mañana.
Es absurdo no pensar que Jalisco correrá la misma suerte que corra su Gobernador, por ello es necesario que se anteponga el interés del Estado a los intereses personales y de grupo.
Jalisco lo merece, vamos todos juntos construyendo el Estado al que estábamos acostumbrados; donde la paz, la concordia, la armonía y la unidad, prevalezca entre todos los Jaliscienses.