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Opinión

“Avanzar frente a la corrupción: reforzar los elementos cualitativos en la praxis pública”

Por: Abimael Montúfar López

Dos eventos conmemorativos tuvieron lugar en la segunda semana de diciembre: el Día Internacional Contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ambas temáticas, con un profundo significado para el funcionamiento pleno de nuestras sociedades; pues en torno a ellos, se sustentan por una parte, el núcleo fundamental de la dignidad humana y por otro lado, lo referente al funcionamiento de las instituciones y por ende, referente al cumplimiento de los proyectos para el desarrollo de las comunidades humanas.

Sin embargo, las síntesis de los medios informativos en el marco de estas fechas, desde muy temprano comenzaban a arrojar elementos cuantitativos tales como: encuestas, indicadores, datos numéricos, perspectivas comparativas, etc. Sin duda, elementos cruciales en toda la extensión de la palabra, empero, sorprende que en su mayoría, esta divulgación de los acontecimientos no centre su atención sobre un tema pendiente: l a tarea que los jóvenes debemos cumplir en el servicio público para contrarrestar este malestar.
Pues es innegable la necesidad de que el sector de las y los jóvenes se involucre de manera activa para reconfigurar el funcionamiento de las instituciones a través de una conciencia plena sobre el desempeño dentro del servicio público.

México se encuentra entre los treinta y cuatro países de la Organización de los
Estados Americanos que tienen suscripción a la Convención Interamericana contra la Corrupción; para que dicho convenio implemente sus acciones, se basa en el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mejor conocido como MESICIC, y tiene como función principal, recomendar a los Estados para que mejoren sus marcos jurídicos e instituciones para combatir efectivamente la corrupción.
En dicho sentido, en sus últimas visitas a México, llamó mucho la atención una de sus recomendaciones, consistente en: “otorgar instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen su actuar”.

Así, podemos inferir a la aparición de una acción de corresponsabilidad, pues por un lado, requerimos la capacitación constante por parte de la Institución a la cual se forma parte, y no es suficiente quedarse en esa esfera de acción: requerimos tomarnos en serio los elementos cualitativos faltantes, es decir, aludir de manera activa a la responsabilidad institucional y social, cualidades que sin lugar a duda, serán las que nos otorguen apertura al conocimiento de la norma, acerca de nuestras funciones como servidores públicos previstas en determinados ordenamientos legales, de nuestros alcances y limitaciones legales como funcionarios, conocimiento de nuestros códigos de ética y buena conducta.

Sobre este punto es preponderante recordar lo que indica nuestra Carta Magna en su capítulo primero, reformado en 2011 para dar sustento jurídico en el avance del reconocimiento de los derechos humanos, cuyas expectativas para transformar las experiencias humanas encaminadas hacia el bienestar colectivo, mantienen una interacción constante con las acciones u omisiones de los Estados, y también en el sector privado y las personas desde la individualidad.
Es vital, resaltar el papel que juega precisamente el funcionamiento adecuado de las instituciones: el artículo primero de nuestra Constitución Política, versa de manera textual lo siguiente:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

De esta forma, al hablar de la efectividad de las herramientas y mecanismos de los Estados, es profundamente necesario que las personas actúen con base a una conciencia plena para que la realidad sea transformada desde la esfera personal, y más aún, desde la individualidad trascendental del ejercicio que implica interactuar con las personas para brindar un servicio, ya sea público o privado; pues nuestras acciones tienen la capacidad sorprendente de moldear nuestra experiencia humana.

Simultáneamente, otro de los elementos cualitativos será el de la prevención, cuyos lineamientos nos encaminen al mejoramiento de procesos, de disposiciones normativas, lineamientos, reglamentos, entre otros, través de la detección temprana de escenarios. De esta manera, a través de la articulación de ejes complejos, es posible afrontar la opacidad con la que se manejen recursos materiales, humanos o financieros, así como, una prevención con miras al fomento de valores en las Instituciones orientadas a la propalación de las conductas más elevadas referentes a los valores humanos: respeto, honestidad, sentido de responsabilidad y pertenencia simbiótica con nuestros sistemas de convivencia.
La invitación concreta es a la reflexión sobre las formas en las que, dando cumplimiento cabal a nuestras encomiendas dentro del servicio público, se puede calibrar la realidad para dar un brillo acorde a las más altas aspiraciones de bienestar y desarrollo colectivo.

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Opinión

CONSULTAR A LOS JOVENES, NIÑAS Y NIÑOS Y ATENDERLES

 

Por Juan Carlos Hernández A.

En la encrucijada de decisiones políticas se encuentra paradójicamente la institución que, por excelencia y profesionalismo en su quehacer, es el primer escalón para brindar estabilidad política a este país. Es así como ahora está la institución inmersa en estos días y hasta el último del presente mes en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 de las y los niñas y niños de Jalisco y con la instalación de 3 mil 160 casillas en la entidad y a quienes se les pregunta sobre tres temas: espacios comunitarios seguros, cuidado medio ambiente y los animales, prevención de adicción entre niñas, niños y adolescentes.

En la actualidad el Instituto Nacional Electoral (INE),han sido parte fundamental en la vida políticoelectoral para la organización de elecciones, limpias, creíbles, transparentes y con total certeza, y en ello va también la consideración de promover la participación cívica de la niñes y juventud en todo el país, de los grupos etarios es de 3 a los 17 años edad, con diferentes edades de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 14 a 17 años, para consultarles y sabe su interés.

Luego habrá un espacio para presentar un informe cuantitativo y más aún cualitativo de resultados que tendrán como fin acercarlos a las autoridades de diversas instituciones que puedan promover en políticas publicas en beneficio de este segmento. Es menester prestar atención a las necesidades que hoy son y están en la agenda publica del país, la pertinente ocasión de preguntar en forma directa y sin intervención de un adulto es loable y plausible.

Las referencias de ejercicios históricos anteriores que fueron igual organizados en todo el país han dado frutos y se han promovido acciones incluso desde el legislativo en beneficio de los mexicanos en esta etapa de vida. Es de relevante importancia por lo tanto que sí se efectúen obras en este sentido de velar por los intereses de nuestras juventudes, niñas y niños. Además de ser considerable la población en el país. La meta es llegar al menos a quinientos mil participaciones de este segmento de Jalisco, en ello va la movilización e instrumentación de acercamiento de casillas en espacios públicos como en escuelas que atienden esa población seleccionada.

Sin duda que la paz social, ésta que tanto se extraña, que ya se ha olvidado tener y que lo deseable es recuperarla por los medios pacíficos con que contamos las y los mexicanos: elecciones libres, creíbles y periódicas con el principio de legalidad y transparencia y en ello va implícito la labor de educar y promover los valores democráticos a esta población tan importante porque son presente y futuro de las generaciones hoy y venideras sin duda, que aportaran información importante.

Apostemos a ello, México necesita de buenos ciudadanos, hagamos en la medida de las atribuciones la labor de acercar la Consulta y esperemos buen recibimiento como apertura de estos grupos etario. Que sea para bien y para todos. ¡Hágale pues!

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Opinión

La Herencia de la Familia González Rodríguez: Un Laberinto de Corrupción y Poder

Amaury Sánchez

La historia de la herencia de la familia González Rodríguez se ha convertido en un verdadero culebrón que pone de manifiesto las sombras que acechan a la justicia en Jalisco.

En un escenario donde un testamento legal designa claramente a Luis Rabinal González Rodríguez comoalbacea, la irrupción de sus sobrinos con laberintos legales logran imponer a Alejandro Escoto Ratcovich, en una sucesión intestamentaria ilegal, plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial y la influencia de intereses oscuros.

El Juez Octavo de lo Familiar, al parecer, ha decidido apoyar a un individuo que no tiene lazos familiares con los González Rodríguez, mientras que los verdaderos herederos se ven atrapados en un laberinto de maniobras legales que parecen más un juego de ajedrez que un proceso de sucesión.

La situación se complica aún más con la intervención de los hermanos González Uyeda, quienes, con sus peripecias legales, han dejado a los herederos en un estado de indefensión, lo que sugiere un alarmante nivel de fraude procesal y usurpación de funciones. Lo que se presenta como un caso legal se revela, a través de los murmullos de quienes conocen la situación, como un entramado político de altas influencias.
La colusión entre el poder judicial y ciertos grupos empresariales, representados por los sobrinos Abraham y Masayi, es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden prevalecer sobre la justicia. Estos individuos, que se presentan como defensores del «fair play» corporativo en foros como COPARMEX y CONCANACO, parecen haber olvidado los principios de ética y transparencia que predican.

La situación es aún más preocupante cuando consideramos que este caso podría ser uno de los más corruptos en la historia de Jalisco, y quizás de México. La manipulación de la ley y el uso de influencias para despojar a los legítimos herederos de su patrimonio no solo es un ataque a la familia González Rodríguez, sino un golpe a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de lo que está en juego.
Este no es solo un asunto familiar; es un reflejo de cómo el poder y el dinero pueden corromper el sistema judicial y despojar a las personas de sus derechos.

La pregunta que queda en el aire es: ¿qué harán las autoridades para restaurar la justicia en este caso? ¿Se permitirá que la corrupción y la impunidad sigan reinando en Jalisco? Queridos amigos, es momento de alzar la voz y exigir transparencia y justicia.

La herencia de la familia González Rodríguez no debe ser solo un tema de interés local, sino un llamado a la acción para todos aquellos que creen en un Jalisco más justo y equitativo. ¿Qué opinan ustedes? La respuesta a esta pregunta podría ser el primer paso hacia un cambio necesario.

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Opinión

ES IMPERATIVO EL ESTADO DE DERECHO

 

*Por Juan Carlos Hernández Ascencio.

Haciendo imperar el Estado de Derecho, una vez más los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mostraron sentido ético y práctico en la revisión de la llamada controversia constitucional de reforma judicial, no se esperaba otro resultado para el país. Por lo que, suponemos que en la inteligencia de esa decisión es la salvaguarda de los principios basados en la ley y solo en ello y no otro propósito.

De parte de los integrantes de la Suprema Corte,quienes justo argumentaron que los motivos de su decisión fueron sustentados conforme a derecho; pues pensar en que la constitución política se puede manipular al gusto y capricho de quien sea es un despropósito de no querer la estabilidad política y social de este país, es decir por lo tensa que esté o se pueda poner la situación, no es propicia para generar complicaciones. En la votación hecha de los once ministros que aún conforman el pleno, tres ya muy conocidos votaron en contra: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. En sus decisiones de la temática presentada en un primer escenario.

Sin embargo, este fue el primer episodio, porque ya al entrar a el estudio profundo de la situación del tema ya no fue posible la votación en el mismo sentido y usted ya sabe el resultado final.

Hay que entender que las leyes están para cumplirlas, y para hacerse cumplir, si esto es así, solo queda hacer respetar el estado de derecho, ante ello se ha valoradola determinación conforme a los ministros que han mostrado sensibilidad también al llamado de la ciudadanía por conservar la justicia como es y como está hoy dia. Con la estructura como opera, con su carrera profesional y de especialización, que es un baluarte que ha hecho que su personal en todos los niveles puedan contar con la suficiente capacitación para desempeñar el no menos importante trabajo de impartir justicia a cabalidad.

Pese a que no quedará ahí pues hay otros “idealistas salvadores de la patria” que han anunciado la no aceptación de estas decisiones del pleno de los ministros, y harán valer, ahora que, por que sí, su razón política de no aceptar tal decisión, esto se va a poner más polémico de lo que se pensaba. Vaya momentos por los que atraviesa el país. Sus razones e intereses tendrán, empero lo que no debe hacerse es llevarlo a otros niveles de no diálogo y entendimiento.

Es necesario recordar la sana división de poderes yque es de relevante importancia la obligación de respetar la ley, todos; sin embargo, qué será lo que nose entiende, para sí hacerlo es el tener instituciones fincadas en la solvencia ética y profesional, que fundamente y sostengan el respeto al estado de derecho, a quién le hace mal, que México cuente con jueces, ministros, y demás personal entregados a su labor sin distinción y compromiso alguno tergiversado que no sea solo el de cumplir la ley y buscar el  bien común en las decisiones tomadas conforme a esta.

Más bien que sea el tiempo de que venga la paz social ahuyentando los demonios desestabilizadores del país y generando mejor la participación de la ciudadanía en el interesante proceso de trasformación de México, pues la democracia nos necesita una y otra vez. Sea como sea y venga lo que venga no dejemos que el país se desmorone, la paz pública descansa siempre en las instituciones creadas para tal fin, el derecho intrínseco de la ciudadanía se sostiene, en la simbiosis y el buen modo de emplear la integridad y honestidad de ejercerlo sin prebendas, compromisos o arrebatos. Edifiquemos para bien, sin menoscabar lo construido hasta ahora. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia.

 

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