La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la excarcelación de diecinueve integrantes de la Iglesia Católica que se encontraban privados arbitrariamente de libertad en Nicaragua; a la vez que rechaza su expulsión del país, e insta al Estado a cesar la persecución religiosa y a la liberación de todas las personas presas políticas.
El 14 de enero, el gobierno informó sobre la excarcelación y traslado hacia el Estado Vaticano de dos Obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas de la Iglesia Católica. Uno de los obispos es el Monseñor Rolando Álvarez Lagos, beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a solicitud de la CIDH, para la protección de su vida e integridad. Dicha solicitud se basó en la falta de atención médica, así como el deterioro de su salud física y mental como consecuencia de las graves e inhumanas condiciones de detención y aislamiento en las que permanecía en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como cárcel «La Modelo».
Monseñor Rolando Álvarez, quien estuvo privado arbitrariamente de la libertad desde agosto de 2022, fue condenado a 26 años de prisión en 2023, sin juicio y sin las debidas garantías procesales; además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y privado arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense de por vida, por los supuestos delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas, desobediencia y desacato a la autoridad, entre otros. Desde el inicio de la crisis, en 2018, Monseñor es considerado una de las voces más críticas ante el deterioro de la situación y las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, tuvo un rol destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las protestas sociales y mantuvo de forma constante la demanda de liberación de las personas presas políticas.
Como la CIDH señaló en su Informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas, sin garantías el debido proceso; la prohibición para la realización de actos religiosos y la celebración de misas; el cierre forzado de radioemisoras, centros de estudio y Universidades vinculadas con distintas congregaciones católicas, entre otros hechos. Desde octubre de 2023, Nicaragua desterró del país a 29 sacerdotes y dos seminaristas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva «la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado». Al respecto, la CIDH reitera que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación.
La Comisión exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
