Redacción

La Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara informó hoy, en conferencia de prensa, sobre los avances en la investigación realizada por el órgano de control en el Centro de Enseñanza y Capacitación Prehospitalaria, conocida también como Escuela de Paramédicos de Guadalajara.

La investigación se centró en tres servidores públicos que estuvieron comisionados al funcionamiento de la Escuela de Paramédicos.

Respecto a las prácticas financieras y administrativas de los directivos del Centro de Enseñanza y Capacitación de la Atención Prehospitalaria, ubicado en la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo, Cynthia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana, dio a conocer que se encontraron recibos de pagos, atribuibles al pago parcial de cursos de paramédicos, uniformes y cuotas escolares.

Dichos recibos estaban firmados por uno de los servidores públicos presuntamente responsables y con el sello del Ayuntamiento de Guadalajara.

Se estima que los pagos sumaron alrededor de un millón de pesos durante el periodo de comisión, que abarcó once meses; sin embargo, en la Ley de Ingresos del Municipio no se contemplaba este tipo de cuota.

“Se descubrieron diversos recibos de pago que estaban firmados por uno de los servidores públicos presuntamente responsables y llevaban el sello del Ayuntamiento de Guadalajara. Estos recibos correspondían a conceptos como ‘pago parcial curso paramédicos’, ‘pago escuela paramédicos’, ‘pago parcialidad escuela paramédicos’, ‘pago parcial curso paramédicos’, ‘curso paramédico’, ‘uniformes’ y ‘escuela’, entre otros”, dijo la Contralora Ciudadana.

Además, se determinó que el exdirector de la Escuela de Paramédicos cobró el dinero de los pagos de los alumnos y no lo ingresó a las arcas municipales. El funcionario señalado dijo que estos fondos se entregaron a una asociación civil, pero no se pudo comprobar dicha transacción.

De esta forma, la Contraloría Ciudadana determinó que el servidor público involucrado en el caso incurrió en una falta administrativa grave, y se determinó su suspensión temporal del ejercicio público, como medida cautelar hasta terminar la investigación.

“Se le acusa de abuso de funciones, ya que recibió los recursos económicos sin contar con un marco legal que lo respaldara, y no se demostró que haya ingresado ese dinero a las arcas municipales ni lo haya utilizado de acuerdo con la ley”, subrayó Cynthia Cantero.

“Se presume que este servidor público se aprovechó de su posición para obtener un beneficio personal o para terceros, aunque no pudo comprobar que donara el dinero a una asociación civil, como afirmaba”, añadió.

La Contralora Ciudadana anunció también que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción por abuso de autoridad, ya que esta conducta se encuadra dentro del tipo penal correspondiente.

Cantero Pacheco dijo que, respecto a los otros dos servidores públicos no se encontraron elementos para iniciar un proceso en su contra.

En esta presentación también se dio a conocer sobre una investigación adicional que se realiza contra una servidora o servidor público de la Unidad Médica Cruz Verde Ernesto Arias, quien presuntamente permitió el ingreso y participación de un familiar al quirófano, así como brindar atención médica a los usuarios y realizando labores operativas que son únicas y exclusivas del personal médico.

El expediente pasará a la Dirección de Sustanciación y Resolución correspondiente en donde la persona señalada podrá defenderse.

“Este servidor público fue calificado como presunto responsable por no cumplir con la diligencia debida en su servicio y permitir el acceso a áreas restringidas. Además, se constató que ha incumplido disposiciones jurídicas relacionadas con su empleo y no ha observado el Código de Ética del Gobierno Municipal de Guadalajara”, señaló Cantero Pacheco.

Cabe mencionar que este servidor público ha tenido procedimientos anteriores con sanciones de amonestación y suspensión sin goce de sueldo en tres ocasiones.

El expediente correspondiente a este caso también será remitido a la Dirección de Sustanciación y Resolución para que el presunto servidor público pueda presentar su defensa.

Por su parte Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General de Construcción de Comunidad, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal en entablar acciones para el combate a la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como de proteger los derechos de las y los ciudadanos y usuarios de los Servicios Médicos Municipales.

En relación a la Escuela de Paramédicos, Blanco Calderón explicó que los 43 estudiantes inscritos en la Escuela de Paramédicos al momento de la suspensión de sus actividades, recibieron la oportunidad de concluir su formación, a través de una beca del 100 por ciento, en una institución privada certificada.

En el caso de los egresados de generaciones anteriores de la institución, se les ofreció que, a través de un convenio de colaboración con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), tuvieran proceso de nivelación de competencias a través del Reconocimiento Oficial a la Competencia Ocupacional (ROCO).

Se trata de un servicio que busca avalar los conocimientos, habilidades y destrezas, mediante un examen teórico-práctico y la emisión de un documento oficial con reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y empadronado en el Registro Nacional de Documentos.

Actualmente, se trabaja en el acuerdo de creación para que sea aprobado por el Pleno, y con la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que la Escuela de Paramédicos cuente con validez oficial.

Además, se han implementado medidas para combatir la corrupción y mejorar la gestión en áreas clave de la institución, como el incremento de controles en las Áreas Médica, Administrativa y de Recursos Humanos.

También se han realizado cambios en el equipo de trabajo, incluyendo la Jefatura de Enseñanza, Dirección General, Dirección Médica y la Subdirección Médica.

“Estas acciones tienen como objetivo erradicar prácticas de corrupción que pudieran haber estado presentes en la institución tapatía, garantizando así una gestión transparente y eficiente. Es de suma importancia mantener los más altos estándares de ética y profesionalismo en el ámbito de la atención médica y la formación de paramédicos”, destacó la Coordinadora General.

A esto se suma la implementación de los módulos itinerantes de la Contraloría Ciudadana, para la presentación de denuncias por parte de las y los ciudadanos.

Durante junio, el módulo itinerante permanecerá en el área de consulta de dicha Unidad Cruz Verde, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas. Posteriormente, se instalará en el resto de las Unidades Médicas Municipales.

También se habilitó una línea whatsapp para reportes y denuncias ciudadanas, al número telefónico 33-3818-2222.

En cuanto a las unidades Cruz Verde, se proyecta una inversión de alrededor de 40 millones de pesos en la rehabilitación de la Cruz Verde Ernesto Arias y la Leonardo Oliva, para fortalecer su infraestructura y brindar una mejor atención a la salud de las y los tapatíos.

También se mejorarán las áreas de descanso de todo el personal de Servicios Médicos Municipales, se homologó el bono de insalubridad al 5 por ciento con una inversión de 6 millones de pesos, y se  lanzará, en julio, una convocatoria para la basificación de hasta 40 suplencias.

Cabe señalar que la investigación en la Escuela de Paramédicos inició hace nueve meses, en respuesta a las denuncias de hostigamiento sexual realizadas por varias alumnas del Centro de Enseñanza y Capacitación Prehospitalaria; la cual se encuentra aún en proceso.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que utilicen las herramientas, a los empleados, y que también las mujeres que trabajen en la Cruz Verde, sean enfermeras, paramédicos, doctoras o despachadoras, tienen un espacio para ser escuchadas y ningún acto de acoso sexual es permitido, ni debe de ser pasado por alto”, expresó Blanco Calderón.